Sentencia A. 912/26

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 912 DE 2026

 

Referencia: expediente ICC-5452

 

Asunto: conflicto aparente de competencia suscitado entre el Juzgado 007 Penal Municipal con Funciones de Control de Garant�as de Pereira (Risaralda) y el Juzgado 007 Administrativo del Circuito de Pereira (Risaralda)

 

Magistrado ponente:

Carlos Camargo Assis

 

Bogot� D.C., quince (15) de julio de dos mil veintis�is (2026).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del art�culo 5� de su Reglamento Interno, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 Acci�n de tutela. El se�or Luis Norberto G�mez Bedoya a trav�s de apoderada judicial, present� una acci�n de tutela contra la ARL AXA Colpatria, la ARL La Equidad y la Junta Regional de Calificaci�n de Invalidez de Risaralda. Lo anterior al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al m�nimo vital, a la igualdad y a la dignidad humana. Indic� que, luego de sufrir un accidente de trabajo, la ARL La Equidad calific� su p�rdida de capacidad laboral; inconforme con el dictamen, interpuso recurso de apelaci�n. El expediente fue remitido a la Junta Regional de Calificaci�n de Invalidez de Risaralda para que resolviera dicho recurso; sin embargo, se�al� que esa entidad declar� desistido el tr�mite al considerar que no se hab�a acreditado el pago completo de los honorarios correspondientes.

 

2.                 El accionante agreg� que, posteriormente, la ARL La Equidad le inform� que AXA Colpatria asumir�a las obligaciones derivadas del ramo de riesgos laborales, raz�n por la cual dirigi� a esta �ltima la solicitud para que efectuara el pago requerido por la junta accionada con el fin de reactivar el tr�mite de calificaci�n. Sostuvo que dicha petici�n no fue resuelta de fondo. En consecuencia, solicit� que se ordenara a AXA Colpatria o a la ARL La Equidad, seg�n correspondiera, efectuar el pago de los honorarios exigidos por la Junta Regional de Calificaci�n de Invalidez de Risaralda y que, una vez acreditado, se asignara la correspondiente cita de valoraci�n para continuar el tr�mite de calificaci�n de la p�rdida de capacidad laboral[1].

 

3.                 Primera autoridad en conflicto. El conocimiento del asunto le correspondi� al Juzgado 007 Penal Municipal con Funciones de Control de Garant�as de Pereira, el cual, mediante Auto del 2 de junio de 2026[2], declar� su falta de competencia para conocer del asunto. Consider� que, de conformidad con el numeral 2 del art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, las acciones de tutela dirigidas contra autoridades del orden nacional -como la Junta Regional de Calificaci�n de Invalidez de Risaralda- deben ser repartidas a los jueces del circuito. Agreg� que, seg�n el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, son competentes a prevenci�n los jueces con jurisdicci�n en el lugar donde ocurre la presunta vulneraci�n o amenaza de los derechos fundamentales, el cual, en este caso, corresponde al domicilio del accionante. En consecuencia, orden� remitir el expediente a la oficina judicial de Pereira para su reparto entre los jueces del circuito de esa ciudad.

 

4.                 Segunda autoridad en conflicto. Efectuado el nuevo reparto, el conocimiento del asunto le correspondi� al Juzgado 007 Administrativo del Circuito de Pereira. Mediante Auto del 5 de junio de 2026[3], dicha autoridad propuso un conflicto negativo de competencia y orden� remitir el expediente a esta Corporaci�n. Se�al� que el juzgado que recibi� inicialmente la acci�n de tutela no pod�a desprenderse de su conocimiento con fundamento en las reglas de reparto previstas en el Decreto 2591 de 1997, pues, conforme a la jurisprudencia constitucional, dichas disposiciones no constituyen reglas de competencia. Con fundamento en lo anterior, concluy� que correspond�a al Juzgado 007 Penal Municipal con Funciones de Control de Garant�as de Pereira tramitar la solicitud de amparo, por haber sido la primera autoridad judicial a la que se reparti� el asunto y �concurrir el factor territorial dada la vulneraci�n del derecho y sus efectos�[4].

 

5.                 Remisi�n a la Corte Constitucional. El 24 de junio de 2026, el expediente se reparti� al magistrado ponente y se envi� al despacho para su sustanciaci�n el 25 de junio siguiente.

 

II.              CONSIDERACIONES

 

6.                 Competencia. Esta Corporaci�n ha sostenido que, por regla general, la soluci�n de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[5]. Asimismo, ha explicado que la competencia de esta Corporaci�n para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[6]. En consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administraci�n de Justicia no prev�n la autoridad encargada de asumir el tr�mite o en asuntos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicaci�n a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acci�n de tutela con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administraci�n de justicia y evitar la dilaci�n en la adopci�n de una decisi�n^[7].

 

7.                 En el presente asunto, la Sala Plena de la Corte Constitucional est� facultada para resolver el presente conflicto de competencia, debido a que las autoridades judiciales involucradas en la controversia pertenecen a distintas jurisdicciones. Aunque ambas integran la jurisdicci�n constitucional, carecen, desde una perspectiva org�nica, de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que est� autorizada para resolver el conflicto suscitado.

 

8.                 Factores de competencia en materia de tutela. De conformidad con los art�culos 86 y 8� transitorio del t�tulo transitorio de la Constituci�n[8] y los art�culos 32 y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, esta Corporaci�n ha reiterado que existen tres factores de asignaci�n de competencia en materia de tutela. El factor territorial, en virtud del cual son competentes a prevenci�n los jueces con competencia territorial en el lugar donde: i) ocurre la vulneraci�n o la amenaza que motiva la presentaci�n de la solicitud o ii) donde se produzcan sus efectos[9]. El factor subjetivo, que opera en las acciones de tutela interpuestas en contra de: i) los medios de comunicaci�n, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y ii) las autoridades de la Jurisdicci�n Especial para la Paz, cuya resoluci�n le corresponde al Tribunal para la Paz. Por �ltimo, el factor funcional que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnaci�n de una sentencia de tutela. Esto implica que �nicamente pueden conocer de aquella las autoridades judiciales que ostentan la condici�n de superior jer�rquico correspondiente en los t�rminos establecidos en la jurisprudencia[10].

 

9.                 Reglas de reparto. Seg�n la jurisprudencia pac�fica de esta Corporaci�n, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015 -modificado por el Decreto 333 de 2021- no constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino pautas de reparto de las acciones de tutela. El par�grafo segundo del art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 dispone que �las anteriores reglas de reparto no podr�n ser invocadas por ning�n juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia�. Esta forma de proceder se opone principalmente al derecho al acceso a la administraci�n de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resoluci�n del asunto en sede de instancia[11].

 

10.            Al respecto, este Tribunal ha se�alado que �en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente ser� remitido a aquella a quien se reparti� en primer lugar con el fin de que la acci�n de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales�[12].

 

III.           CASO CONCRETO

 

11.            Configuraci�n de un conflicto aparente de competencia. La Sala Plena constata que en el presente caso se configur� un conflicto aparente de competencia debido a que el Juzgado 007 Penal Municipal con Funciones de Control de Garant�as de Pereira, -autoridad que inicialmente asumi� el conocimiento de la acci�n- declar� su falta de competencia con fundamento en las reglas de reparto previstas en el Decreto 1069 de 2015 y sus modificaciones.

 

12.            Al adoptar esa decisi�n, la autoridad judicial otorg� un alcance inexistente a tales mandatos y desconoci� la jurisprudencia reiterada de esta Corte, seg�n la cual las reglas de reparto no integran los mandatos procesales en materia de competencia, pues solo son pautas de asignaci�n de expedientes de tutela. En ese sentido, se afectaron los principios de celeridad y eficacia de la administraci�n de justicia, as� como la naturaleza misma de la acci�n de tutela como mecanismo constitucional para la resoluci�n inmediata de vulneraciones de derechos fundamentales. En consecuencia, la Sala Plena concluye que dicho juzgado debe resolver la acci�n de tutela presentada por el se�or Luis Norberto G�mez Bedoya, por ser la primera autoridad judicial con competencia a la que se asign� el asunto.

 

13.            �rdenes por proferir. La Corte dejar� sin efectos el Auto del 2 de junio de 2026 proferido por el Juzgado 007 Penal Municipal con Funciones de Control de Garant�as de Pereira, mediante el cual decidi� no avocar el conocimiento de la acci�n de tutela. En consecuencia, le remitir� el expediente ICC-5452 a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisi�n que corresponda respecto de la solicitud de amparo.

 

14.            Asimismo, se le advertir� al Juzgado 007 Penal Municipal con Funciones de Control de Garant�as de Pereira, que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia en materia de tutela con fundamento en reglas de reparto.

 

IV.           DECISI�N

 

Con base en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 2 de junio de 2026 proferido por el Juzgado 007 Penal Municipal con Funciones de Control de Garant�as de Pereira, dentro de la acci�n de tutela presentada por el se�or Luis Norberto G�mez Bedoya a trav�s de apoderado judicial contra la ARL AXA Colpatria S.A., la ARL Equidad S.A. y la Junta Regional de Calificaci�n de Invalidez de Risaralda.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-5452 al Juzgado 007 Penal Municipal con Funciones de Control de Garant�as de Pereira, para que de forma inmediata, tramite y adopte la decisi�n que le corresponda respecto de la presente acci�n de tutela.

 

TERCERO. ADVERTIR al Juzgado 007 Penal Municipal con Funciones de Control de Garant�as de Pereira, para que, en el futuro, se abstenga de apartarse del conocimiento de acciones de tutela con fundamento en simples reglas de reparto.

 

CUARTO. Por intermedio de la Secretar�a General, COMUNICAR la decisi�n adoptada en esta providencia a la parte accionante y al Juzgado 007 Administrativo del Circuito de Pereira.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase.

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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